EL REGISTRADOR DE TÍTULOS QUE COMETE EL FALLO ES QUIEN DEBE CORREGIRLO
La comisión de errorres u omisiones es común en todas las actividades del accionar humano. Ya sea por una ignorancia, por desconocimiento o por dolo se pueden producir situaciones que ameriten la puesta en práctica de medidas que permitan a la persona perjudicada ejercer su derecho de defensa y procurar una retractación por parte de quien cometió el error.
En el ámbio registral las personas dejan sentir su desacuerdo con una decisión de carácter administrativo que les afecta interponiendo una acción orientada a lograr su aclaración, modificación o revocación.
Las decisiones de los registros de títulos que aprueban o rechazan una actuación en ocasiones contienen errores u ordenanzas que no están acordes con la intención de los propietarios y por tanto son susceptibles de ser impugnadas mediante una acción de reconsideración o inconformidad que se desarrolla por ante el mismo registrador.
La persona que se sienta afectada por el acto emanado de este órgano de la Jurisdicción Inmobiliaria puede accionar por esa misma vía en interés de una retractación.
La corrección se formula mediante solicitud escrita motivando la reconsideración, dirigido al registrador que emitió el acto objeto de impugnación, identificando el número de expediente y su fecha, haciendo constar la calidad del solicitante y sus generales, fecha de solicitud y la firma del solicitante o su representante legal.
Una vez se presentan los actos relativos a un determinado inmueble se pasa al principio de propiedad. Sin embargo, la calificación registral permitirá el surgimiento de una de dos situaciones: Que se materialice la inscripción tras considerar que la documentación cumple con el voto legal y reúne los requisitos, y que no se efectúe la inscripción por que el registrador considere que existe un defecto o irregularidad en un documento básico.
Es necesario que el recurrente indique expresamente a qué autoridad se dirige, contra qué decisión se actúa, la fecha en que tomó conocimiento, de quién se emana la decisión, nombres y generales del recurrente y del abogado que la representa y los agravios causados. Toda esa documentación será depositada con sus respectivas copias.
En República Dominicana se establece que el recurso de reconsideración o inconformidad sea radicado ante la misma autoridad que emitió la decisión. En otras naciones es ante un órgano de mayor jerarquía.
Si lo decidido por el registrador de títulos es ratificado o confirmado por estar de acuerdo con la ley, se abrirá el recurso jerárquico, que debe interponerse ante la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
La acción de reconsideración tiene un carácter administrativo porque procura poner al alcance del usuario del servicio registral un instrumento que le permita ejercer plenamente su derecho de defensa y obtener respuesta en el menos tiempo posible.
Con la interposición de esta acción se persigue el ejercicio del control estricto con respecto a las decisiones que adoptan los registradores, tratando que toda actuación que realice este funcionario se ajuste a los principios que gobiernan su función y preservando el imperio del derecho y la legalidad.
El recurso jerárquicoEl artículo 77 de la Ley 108.05 sobre Registro Inmobiliario señala que este recurso “se interpone ante el órgano jerárquicamente superior al que dicto el acto o la resolución recurrida, mediante una instancia en revisión”.
Se hace constar que el plazo para interponer el recurso jerárquico es de 15 días, calculados a partir de la fecha en que es presentada la instancia en revisión.
Recurso jurisdiccionalSe interpone cuando el recurso jerárquico ha sido denegado o cuando ha transcurrido el plazo de los 15 días sin haberse pronunciado la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
El artículo 78 de la ley establece que el recurso jurisdiccional se radica ante el Tribunal Superior de Tierras territorialmente competente en función del órgano que dictó el acto o resolución recurrida, mediante instancia motivada y documentada.
El plazo para interponer este recurso es de 30 días contados a partir de la fecha en que quedó habilitado. El Tribunal Superior de Tierras deberá decidir dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha en que fue presentada la instancia.
Del libro “Registro Inmobiliario Registral”, de Wilson Gómez
Fuente: Listin Diario 10/10/08
Showing posts with label registro titulo. Show all posts
Showing posts with label registro titulo. Show all posts
Saturday, October 11, 2008
Friday, September 12, 2008
El notario es vital para transar bienes raíces de manera legal
LAS FUNCIONES DE LOS NOTARIOS REQUIEREN DE MUCHA DELICADEZA
El notario es una figura preponderante en el quehacer inmobiliario y el legislador le ha reservado un papel protagónico en este ámbito, de manera que se constituye en un estamento para la garantía y la seguridad. El abogado notario, junto con el registrador de títulos, está llamado a auspiciar el derecho preventivo, el que sobre la base de precauciones y providencias evita situaciones litigiosas.
El profesional de la notaría tiene que adoptar todas las medidas para que su fuerza se manifieste en cada acto que instrumente y en el caso de los bienes inmuebles, debe atender bien las formalidades que las leyes y los reglamentos establecen.
La ley sobre Registro de Tierras señalaba la obligatoriedad de que el acto sea redactado en el idioma oficial del país, con letra clara, evitando abreviaturas, espacios en blanco, borraduras, recogiendo con fidelidad todo lo convenido y pactado.
En esta disposición legal se indicaba la necesidad de consignar el lugar, día, mes y año en que se realiza el acuerdo, los nombres de los contratantes, su profesión y ocupación, la nacionalidad, el estado civil, nombre del cónyuge, domicilio y residencia y la cédula de identidad y electoral.
El redactor de la ley de Registro de Tierras procuró que todo acto o contrato comprendiera el mayor volumen de información. De ahí que exigiera que en el acto que envuelve un inmueble registrado se hiciera constar el número de certificado de título, la designación catastral y el empleo del sistema métrico decimal al momento de precisar la extensión superficial.
El Código Civil, al abordar lo relativo a la hipoteca convencional, señala que no será posible sino mediante un documento escrito revestido de la forma auténtica y con el concurso de un notario y dos testigos.
Con la promulgación de la Ley 1542, sobre Registro de Tierras de fecha 11 de octubre de 1947, desaparece el rigor de esa exigencia cuando en el artículo 189 se indicó que “los actos o contratos traslativos de derechos registrados, así como aquellos que estén destindaos a constituir, radicar, reducir, prorrogar o extinguir gravámenes sobre inmuebles registrados o que de cualquier forma afecten o se relacionen con esos mismos derechos, podrán redactarse en forma auténtica o bajo escritura privada”. En el reglamento general de registros de títulos se dispone excepcionalmene la modalidad de acto auténtico.
Se precisó que cuando el acto sea hecho bajo la forma de escritura privada, las firmas serían necesariamente legalizadas por un notario o cualquier otro funcionamiento competente, expresión que retrata el criterio que existía, considerándolo un funcionario público.
Hoy es preciso interpretar que se hace referencia a cualquier otro oficial público en funciones notariales (juez de paz, cónsul dominicano en el extranjero, y otros). Cuando la ley 108.05, de Registro Inmobiliario, refiere la actuación notarial en su artículo 55, establece la posibilidad de empelar el acto auténtico o la legalización de firmas en el acto privado.
Son numerosas las disposiciones legales especiales que ponen a cargo del notario la adopción de providencias dirigidas a garantizar la eficacia de las operaciones jurídicas. La Ley 2569 sobre Donaciones y Sucesiones, del 4 de diciembre de 1950, refiere que los notarios no podrán instrumentar ni legalizar ningún acto enajenatorio, sin tener prueba de que en la transmisión hereditaria, en la donación entre vivos, hayan sido pagados los impuestos, salvo autorización escrita de la Dirección General de Impuestos Internos. En el derecho inmobiliario registral, el notario constituye una figura de singular protagonismo, sus actuaciones tiene una gravitación determinante en la seguridad jurídica.
La confianza que depositan los contratantes en este oficial público, es lo que permite la erogación de sumas económicas de consideración y la entrega de inmuebles de gran valor. El legislador ha querido que el notario haga su labor de manera organizada. De ahí su exigencia contenida en el artículo 41 de l Ley 301, sobre Notariado: “Los notarios llevarán un libro índice de todas las actas auténticas que escrituren. Este índice contendrá la fecha y naturaleza del acta, los nombres de las partes, testigos y la relación del registro”.
El notario tiene la facultad legal de recibir todos los actos a los cuales los interesados quieran o deban otorgarle autenticidad propia de los emanados de la autoridad pública, darles fecha cierta, conservarlos en depósito y librar copias.
Tomado del libro Derecho Inmobiliario Registral de Wilson Gómez
Fuente: Listin Diario 12/09/08
El notario es una figura preponderante en el quehacer inmobiliario y el legislador le ha reservado un papel protagónico en este ámbito, de manera que se constituye en un estamento para la garantía y la seguridad. El abogado notario, junto con el registrador de títulos, está llamado a auspiciar el derecho preventivo, el que sobre la base de precauciones y providencias evita situaciones litigiosas.
El profesional de la notaría tiene que adoptar todas las medidas para que su fuerza se manifieste en cada acto que instrumente y en el caso de los bienes inmuebles, debe atender bien las formalidades que las leyes y los reglamentos establecen.
La ley sobre Registro de Tierras señalaba la obligatoriedad de que el acto sea redactado en el idioma oficial del país, con letra clara, evitando abreviaturas, espacios en blanco, borraduras, recogiendo con fidelidad todo lo convenido y pactado.
En esta disposición legal se indicaba la necesidad de consignar el lugar, día, mes y año en que se realiza el acuerdo, los nombres de los contratantes, su profesión y ocupación, la nacionalidad, el estado civil, nombre del cónyuge, domicilio y residencia y la cédula de identidad y electoral.
El redactor de la ley de Registro de Tierras procuró que todo acto o contrato comprendiera el mayor volumen de información. De ahí que exigiera que en el acto que envuelve un inmueble registrado se hiciera constar el número de certificado de título, la designación catastral y el empleo del sistema métrico decimal al momento de precisar la extensión superficial.
El Código Civil, al abordar lo relativo a la hipoteca convencional, señala que no será posible sino mediante un documento escrito revestido de la forma auténtica y con el concurso de un notario y dos testigos.
Con la promulgación de la Ley 1542, sobre Registro de Tierras de fecha 11 de octubre de 1947, desaparece el rigor de esa exigencia cuando en el artículo 189 se indicó que “los actos o contratos traslativos de derechos registrados, así como aquellos que estén destindaos a constituir, radicar, reducir, prorrogar o extinguir gravámenes sobre inmuebles registrados o que de cualquier forma afecten o se relacionen con esos mismos derechos, podrán redactarse en forma auténtica o bajo escritura privada”. En el reglamento general de registros de títulos se dispone excepcionalmene la modalidad de acto auténtico.
Se precisó que cuando el acto sea hecho bajo la forma de escritura privada, las firmas serían necesariamente legalizadas por un notario o cualquier otro funcionamiento competente, expresión que retrata el criterio que existía, considerándolo un funcionario público.
Hoy es preciso interpretar que se hace referencia a cualquier otro oficial público en funciones notariales (juez de paz, cónsul dominicano en el extranjero, y otros). Cuando la ley 108.05, de Registro Inmobiliario, refiere la actuación notarial en su artículo 55, establece la posibilidad de empelar el acto auténtico o la legalización de firmas en el acto privado.
Son numerosas las disposiciones legales especiales que ponen a cargo del notario la adopción de providencias dirigidas a garantizar la eficacia de las operaciones jurídicas. La Ley 2569 sobre Donaciones y Sucesiones, del 4 de diciembre de 1950, refiere que los notarios no podrán instrumentar ni legalizar ningún acto enajenatorio, sin tener prueba de que en la transmisión hereditaria, en la donación entre vivos, hayan sido pagados los impuestos, salvo autorización escrita de la Dirección General de Impuestos Internos. En el derecho inmobiliario registral, el notario constituye una figura de singular protagonismo, sus actuaciones tiene una gravitación determinante en la seguridad jurídica.
La confianza que depositan los contratantes en este oficial público, es lo que permite la erogación de sumas económicas de consideración y la entrega de inmuebles de gran valor. El legislador ha querido que el notario haga su labor de manera organizada. De ahí su exigencia contenida en el artículo 41 de l Ley 301, sobre Notariado: “Los notarios llevarán un libro índice de todas las actas auténticas que escrituren. Este índice contendrá la fecha y naturaleza del acta, los nombres de las partes, testigos y la relación del registro”.
El notario tiene la facultad legal de recibir todos los actos a los cuales los interesados quieran o deban otorgarle autenticidad propia de los emanados de la autoridad pública, darles fecha cierta, conservarlos en depósito y librar copias.
Tomado del libro Derecho Inmobiliario Registral de Wilson Gómez
Fuente: Listin Diario 12/09/08
Saturday, September 6, 2008
Sistema registral Torrens es considerado el más perfecto
La intervención norteamericana en territorio dominicano durante el período 1916-1924 provocó y aún provoca opiniones a favor y en contra. Pero sin entrar en detalles sobre las motivaciones, causas y consecuencias de esta ocupación, durante esos ocho años se produjeron reformas importantes para la organización sociopolítica del país.
Hubo reformas importantes en el área de la salud, la educación y en materia inmobiliaria. En este último aspecto se destaca el establecimiento del sistema Torrens de registro inmobiliario, que con el paso de los años y a través de diversas legislaciones, incluida la actual Ley 108-05 sobre Jurisdicción Inmobiliaria, todavía se mantiene vigente en el país.
El sistema Torrens tiene su fundamento en que todo inmueble se reputa propiedad del Estado y sólo es propietario distinto aquél que aparece con su derecho registrado en el libro de registro.
La importancia de los sistemas registrales está en el hecho de garantizar la seguridad de propiedad de los bienes inmobiliarios de empresas, particulares y familias. No es posible desarrollar un proceso de titulación de suelos y depurar los públicos de los privados sin la adopción de un sistema registral efectivo.
Wilson Gómez, actual director general de Registro de Títulos, escribió el libro “Derecho inmobiliario registral, introducción a su estudio”, en el que señala que este sistema es el más perfecto en materia de propiedad inmobiliaria.
El autor destaca que el Torrens se conoció como un sistema sustantivo porque precisaba de la inscripción del inmueble en el registro público para poder adquirir el derecho de propiedad.
El autor destaca que la persona que ha ocupado el inmueble de manera pacífica, ininterrumpida por el tiempo establecido por la ley, y de buena fe, impulsa en este sistema el procedimiento de saneamiento ante el tribunal competente, con la finalidad de incorporar el inmueble al sistema.
Se hace un proceso de orden público orientado a depurar los derechos y tras un análisis jurídico profundo, con el auxilio de técnicos topográficos, se determina los derechos, se establece la configuración física del inmueble y se expide el correspondiente certificado de título, cuya matriz queda como parte del foliado del llamado “libro-registro”, en tanto que se entrega un duplicado a la persona adjudicataria de los derechos.
El registro o la registración de un inmueble por primera vez o inmatriculación, constituye la fase última del proceso de saneamiento; es el efecto de la sentencia que dispone la transcripción de su dispositivo en el registro.
El duplicado de certificado de título es el documento que el Estado derecho registrado para que haga prueba de la existencia física y jurídica del inmueble. Este título reputa con fuerza probable absoluta y con un sello indeleble de imprescriptibilidad.
El título hace fe en justicia de su contenido y es prueba categórica de que la persona que en él figura es titular del derecho. La presunción de exactitud del certificado de título es “iuris et de iure”, es decir, otorga la fe pública registral más rigurosa, que en principio no admite prueba en contrario.
En el sistema registral Torrens la inscripción produce los efectos más categóricos y el sistema se estructura sobre la base de una oficina que está dirigida por un funcionario del orden judicial administrativo que se denomina registrador de títulos y debe poseer suficientes conocimientos técnicos jurídicos sobre la materia.
Consideraciones
Gómez considera en su libro que los sistemas registrales se encuentran estrechamente vinculados y cada vez más se aproximan a puntos comunes, aunque estos siempre asumirán su propia fisonomía. Agrega que en el sector inmobiliario han surgido nuevos sistemas y se han incorporado a los existentes principios registrales que aunque habían estado subyacentes no lograban perfilarse ni habían sido tratado con la doctrina ni “tampoco por ninguna fuente de derecho”.
Agrega que cada país está pasando de un sistema general a uno muy particular que atiende a ciertas características peculiares y a las formas más propias y típicas del lugar de que se trate. La línea divisoria de un sistema con respecto a otro se mantiene, aunque el tiempo ha venido decretando su aproximación, no obstante las particularidades que son consustanciales a cada uno.
Los denominados grandes sistemas registrales quedarán como una referencia histórica y su mayor utilidad se circunscribirá estrictamente al campo teórico-académico y a su estudio evolutivo. “Ninguno coincidirá plenamente con el otro, aunque en cada caso se verifique su génesis encuadrable en uno de los tradicionales”, agrega el autor de Derecho Inmobiliario Registral.
EN CÁPSULAS
Robert Richard Torrens era de nacionalidad irlandesa, nació en York en el año 1814, luego se trasladó a Australia del Sur en 1840. Ocupó varias posiciones públicas además de registrador de títulos en 1852.
Fue elegido diputado por Adelaida, capital del Estado de Australia meridional y presentó un proyecto de ley que fue aprobado el 27 de enero de 1858 y alcanzó vigencia en Australia y en otras colonias inglesas. Se puso en vigor en 1859 con el nombre de Real Property Act, popularizada como Acta de Torrens, y fue objeto de modificaciones en los años 1886 y 1893.
Esta ley recibió severos cuestionamientos porque desconoció los derechos que, con anterioridad, habían adquirido los indígenas.
A pesar de las críticas que pesaron sobre el sistema Torrens, todavía en la actualidad se considera el más perfecto de los sistemas más conocidos, entre los que destacan el sistema Español, el Alemán o Germánico, el Anglosajón y el Registral francés.
Fuente: Listin Diario 16/08/08
Hubo reformas importantes en el área de la salud, la educación y en materia inmobiliaria. En este último aspecto se destaca el establecimiento del sistema Torrens de registro inmobiliario, que con el paso de los años y a través de diversas legislaciones, incluida la actual Ley 108-05 sobre Jurisdicción Inmobiliaria, todavía se mantiene vigente en el país.
El sistema Torrens tiene su fundamento en que todo inmueble se reputa propiedad del Estado y sólo es propietario distinto aquél que aparece con su derecho registrado en el libro de registro.
La importancia de los sistemas registrales está en el hecho de garantizar la seguridad de propiedad de los bienes inmobiliarios de empresas, particulares y familias. No es posible desarrollar un proceso de titulación de suelos y depurar los públicos de los privados sin la adopción de un sistema registral efectivo.
Wilson Gómez, actual director general de Registro de Títulos, escribió el libro “Derecho inmobiliario registral, introducción a su estudio”, en el que señala que este sistema es el más perfecto en materia de propiedad inmobiliaria.
El autor destaca que el Torrens se conoció como un sistema sustantivo porque precisaba de la inscripción del inmueble en el registro público para poder adquirir el derecho de propiedad.
El autor destaca que la persona que ha ocupado el inmueble de manera pacífica, ininterrumpida por el tiempo establecido por la ley, y de buena fe, impulsa en este sistema el procedimiento de saneamiento ante el tribunal competente, con la finalidad de incorporar el inmueble al sistema.
Se hace un proceso de orden público orientado a depurar los derechos y tras un análisis jurídico profundo, con el auxilio de técnicos topográficos, se determina los derechos, se establece la configuración física del inmueble y se expide el correspondiente certificado de título, cuya matriz queda como parte del foliado del llamado “libro-registro”, en tanto que se entrega un duplicado a la persona adjudicataria de los derechos.
El registro o la registración de un inmueble por primera vez o inmatriculación, constituye la fase última del proceso de saneamiento; es el efecto de la sentencia que dispone la transcripción de su dispositivo en el registro.
El duplicado de certificado de título es el documento que el Estado derecho registrado para que haga prueba de la existencia física y jurídica del inmueble. Este título reputa con fuerza probable absoluta y con un sello indeleble de imprescriptibilidad.
El título hace fe en justicia de su contenido y es prueba categórica de que la persona que en él figura es titular del derecho. La presunción de exactitud del certificado de título es “iuris et de iure”, es decir, otorga la fe pública registral más rigurosa, que en principio no admite prueba en contrario.
En el sistema registral Torrens la inscripción produce los efectos más categóricos y el sistema se estructura sobre la base de una oficina que está dirigida por un funcionario del orden judicial administrativo que se denomina registrador de títulos y debe poseer suficientes conocimientos técnicos jurídicos sobre la materia.
Consideraciones
Gómez considera en su libro que los sistemas registrales se encuentran estrechamente vinculados y cada vez más se aproximan a puntos comunes, aunque estos siempre asumirán su propia fisonomía. Agrega que en el sector inmobiliario han surgido nuevos sistemas y se han incorporado a los existentes principios registrales que aunque habían estado subyacentes no lograban perfilarse ni habían sido tratado con la doctrina ni “tampoco por ninguna fuente de derecho”.
Agrega que cada país está pasando de un sistema general a uno muy particular que atiende a ciertas características peculiares y a las formas más propias y típicas del lugar de que se trate. La línea divisoria de un sistema con respecto a otro se mantiene, aunque el tiempo ha venido decretando su aproximación, no obstante las particularidades que son consustanciales a cada uno.
Los denominados grandes sistemas registrales quedarán como una referencia histórica y su mayor utilidad se circunscribirá estrictamente al campo teórico-académico y a su estudio evolutivo. “Ninguno coincidirá plenamente con el otro, aunque en cada caso se verifique su génesis encuadrable en uno de los tradicionales”, agrega el autor de Derecho Inmobiliario Registral.
EN CÁPSULAS
Robert Richard Torrens era de nacionalidad irlandesa, nació en York en el año 1814, luego se trasladó a Australia del Sur en 1840. Ocupó varias posiciones públicas además de registrador de títulos en 1852.
Fue elegido diputado por Adelaida, capital del Estado de Australia meridional y presentó un proyecto de ley que fue aprobado el 27 de enero de 1858 y alcanzó vigencia en Australia y en otras colonias inglesas. Se puso en vigor en 1859 con el nombre de Real Property Act, popularizada como Acta de Torrens, y fue objeto de modificaciones en los años 1886 y 1893.
Esta ley recibió severos cuestionamientos porque desconoció los derechos que, con anterioridad, habían adquirido los indígenas.
A pesar de las críticas que pesaron sobre el sistema Torrens, todavía en la actualidad se considera el más perfecto de los sistemas más conocidos, entre los que destacan el sistema Español, el Alemán o Germánico, el Anglosajón y el Registral francés.
Fuente: Listin Diario 16/08/08
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
