La invasión de tierras, tradición del irrespeto

La Ley 58-69 establece castigar con prisión, multa y desalojo inmediato a las personas que se introducen en terrenos sin permiso del propietario, pero ¿qué pasa cuando el derecho a la propiedad se enfrenta al clientelismo y la impunidad? Invadidos e invasores de tierras son víctimas de la falta de políticas de Estado para garantizar el derecho fundamental de la vivienda

Lo mismo que la educación y la salud, la vivienda es un derecho fundamental de los seres humanos que antecede incluso a otras necesidades.
Sin embargo, la falta de acceso a un terreno donde edificar una vivienda digna y la ausencia de políticas de Estado que garanticen ese derecho ha provocado un problema que tiene dos caras: la de los invasores de terrenos y la de los propietarios invadidos.
“El problema del derecho a la propiedad en República Dominicana tiene varias aristas, pero la principal es la impunidad que el clientelismo político le da a los invasores de terrenos”.
El planteamiento lo hace la abogada Laura Acosta, quien recalca que el derecho de propiedad es un derecho fundamental que no puede ser objeto de violación.
La Ley 58-69 establece castigar con prisión, multa o desalojo inmediato a la persona que se introduce en un terreno sin permiso del propietario, sin embargo, Acosta explica que existe una marcada tendencia a no aplicar esta ley, pues “hay cierto prurito en apresar la gente pobre que se mete en inmuebles”. Esto sin contar la lentitud de los procesos judiciales en el Tribunal de Tierras, que puede tardar años para fallar.
La ineficiencia del sistema judicial para proteger a los propietarios ha provocado el aumento de las invaciones de terrenos privados con fines lucrativos.
Algunos grupos ocupan terrenos para luego revenderlos con títulos falsos o exigir dinero a sus dueños para abandonarlos.
Tradicionalmente, los invasores de terrenos del Estado han sido beneficiados con un título o vivienda, en especial en tiempos de campaña política.
Esta práctica, a juicio de Acosta, ha fomentado el irrespeto a la propiedad privada. “Las personas que se meten ilegalmente entienden que luego, si se arma un lío, el Estado le va a conseguir casa o les va a dar otro terreno, porque a eso están acostumbrados desde los 12 años de Balaguer”, expresa, y explica que pese a lo que se piensa, ocupar un terreno del Estado durante largo tiempo no necesariamente da derecho sobre ese terreno.
La legislación actual sólo contempla la la adquisición de derechos de propiedad cuando el terreno que se habita no está registrado ni tiene propietario, y cuando se ha ocupado por más de 30 años de manera pacífica.
En contraposición, para Pedro Franco, coordinador de la campaña “Desalojos Cero!”, que organiza la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), gran parte del problema está en la forma en que se interpreta el derecho a la propiedad, es decir, sólo se habla de propiedad inmobiliaria, obviándose el derecho que tiene la persona a asentarse en un lugar.
“La propiedad privada es sólo una forma de propiedad, pues la propiedad puede ser comunal, cooperativa e incluso, una propiedad no legitimada, pero en la que la persona, pacíficamente, construyó su vivienda”.
Organizaciones nacionales e internacionales comparten esa visión y se movilizan en oposición a los desalojos, alegando que es una práctica violatoria de los derechos humanos.
Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas realizado en el 2005, el 75 por ciento de los habitantes de Santo Domingo no posee título del terreno en que vive. “La legalización de las tierras es una tarea que el Estado debe asumir”, afirma Franco. El irrespeto a la propiedad privada tiene sus orígenes históricos.
Filiberto Cruz Sánchez, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, señala como primer antecedente a los terrenos comuneros que se originaron en el siglo XVII y que existieron durante toda la época de la Colonia como tierras de posesión común entre quienes las cultivaban.
Posteriormente, durante la ocupación haitiana, el régimen de Boyer quiso otorgar títulos de propiedad a estos terrenos. Su propuesta provocó problemas con los dueños, quienes se opusieron porque la legitimación implicaría el pago de impuestos.
Quizás el antecedente de la injusticia en la repartición de las tierras más arraigado en la conciencia dominicana fue la Ley de Franquicias Agrícolas, promulgada en 1911 para beneficiar a las compañías azucareras norteamericanas.
“Muchos campesinos dominicanos fueron despojados de sus terrenos y obligados a vender sus predios a precios de bagatela para favorece la expansión de los capitalistas norteamericanos”, dice Cruz Sánchez.
Lo mismo ocurrió durante la ocupación norteamericana. El fin de la dictadura de Trujilo, en la que hubo un dominio absoluto de la tierra, también dio lugar a repartos irregulares de ésta.
“Hay una tradición de irrespeto a la tierra”, afirma el historiador. “Mucha gente que no tiene título de propiedad alega la posesión tradicional de la tierra. Ahí nace un sentido de propiedad ilegítimo que da lugar a tantos conflictos”.
Aunque Acosta y Franco defienden posiciones distintas en el problema de las invasiones de tierra, ambos coinciden al señalar la raíz del problema: la falta de políticas e institucionalidad de parte del Estado.
“¿Cuál es la manera de compaginar el derecho fundamental a la propiedad con el derecho a la vivienda? Que el Estado se organice”, afirma la abogada. Y señala que en lugar de otorgar viviendas a “compañeritos del partido”, se debe construir viviendas para la gente que de verdad lo necesita.
Franco coincide: “Hay que dejar de pensar como partido para pensar como Estado. Lo primero es que hay que definir una política habitacional, que no la hay”.
El representante de AIH también plantea que debería existir una Ley de Vivienda y un mecanismo para que las personas que carecen de un lugar donde vivir tengan dónde acudir.
Las consecuencias del desorden en la tenencia de la tierra no sólo afecta a los propietarios, quienes no tienen garantías sobre su inmueble, y a las personas de escasos recursos, quienes corren el riesgo de ser víctimas de desalojos forzosos.
También genera un problema social por el crecimiento urbano no planificado, que conlleva a la falta de servicios básicos como electricidad, agua, caminos asfaltados, centros de salud y educación. Se convierten muchas veces en foco de misera, contaminación y riesgo ambiental.
“Lo que está ocurriendo es que quienes están dirigiendo la política de planificación urbana o rural del Estado son los mismos ciudadanos”, afirma Acosta.

El INVI no cubre la demanda
A pesar de que el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) calculaba para el año 2004 un déficit habitacional de 800 mil viviendas, que aumenta en 300 mil cada año, los planes de construcción de esta institución apenas alcanzaron 1,526 viviendas, entre 2004 y 2006, según datos aparecidos en la página invi.gob.do
Muchos critican los mecanismos de repartición de los complejos habitacionales, en los que priman la pertenencia al partido de gobierno y los vínculos personales, más que las necesidades reales de la población.

Desalojos y derechos
La comunidad internacional ha llamado la atención sobre los desalojos forzosos, prácticas en las que muchas veces se violan derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal y el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar.
El comité encargado de velar por el Pacto de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por República Dominicana en 1978, señala en su Observación general no. 7, “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos”, que aún cuando se considere que el desalojo está justificado, éste debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
Establece que cuando los afectados no dispongan de recursos, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.
El texto advierte que las mujeres, los niños, los ancianos, los jóvenes, las minorías y los grupos vulnerables se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de desalojos forzosos.
Además, recuerda que el Pacto obliga a los Estados a utilizar todos los medios apropiados para promover el derecho a una vivienda adecuada.
La Observación también insta a la creación de una legislación contra los desalojos forzosos, que regule estrictamente las circunstancias en que se pueden llevar a cabo.
El desalojo forzoso se define en este texto como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole”.

Viviendas cooperativas
En un país con déficit habitacional de más de 800 mil viviendas, según el Plan Estratégico del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para el 2004-2008, las cooperativas de viviendas pueden convertirse en una de las soluciones.
Consisten en asociaciones de personas con la necesidad común de vivienda que se constituyen en una empresa de construcción, utilizando su propia mano de obra, ahorros y créditos.
En la República Dominicana el primer proyecto de vivienda por ayuda mutua, como también se conoce este tipo de iniciativas, es Villa Esfuerzo, sector ubicado al Este de la zona franca de Invivienda, en Santo Domingo Este.
Luego de un desalojo forzado realizado en marzo de 2005, los habitantes de esta comunidad se organizaron para constituir su cooperativa. Lograron llegar a un acuerdo con la familia Porcella, reclamantes de los terrenos, y el gobierno.
La primera se comprometió a donar los terrenos, mientras que el segundo debía apoyar la reconstrucción de las viviendas, que se convertirían en Bien de Familia, es decir, que no pueden venderse ni alquilarse, sino sólo heredarse.
Además, la cooperativa consiguió aportes de la comunidad internacional.
Ante el incumplimiento del gobierno en 2006 y 2007, los afectados se movilizaron una vez más para incluir su proyecto en el presupuesto nacional de 2008, con una partida de 8 millones 300 mil pesos para la construcción de calles e infraestructura.
El proceso definitivo para el arranque del proyecto Villa Esfuerzo está previsto para iniciarse a mediados de este mes.

Fuente: Listin Diario 01/06/08